La diputada Agustina Propato presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones al Poder Ejecutivo por la enajenación de inmuebles asignados a Defensa. Advirtió que la pérdida de instalaciones en Ushuaia, Mar del Plata y Punta Indio puede debilitar capacidades estratégicas vinculadas al Atlántico Sur y la soberanía nacional.
La Diputada cuestionó la política del Gobierno de Javier Milei respecto de los bienes inmuebles asignados al sistema de Defensa Nacional y advirtió sobre la posible pérdida de instalaciones militares consideradas estratégicas.
En un proyecto de resolución presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación, solicitó al Poder Ejecutivo información “exhaustiva y detallada” sobre la enajenación de inmuebles pertenecientes al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas.
Uno de los casos señalados es un predio de 382.594,79 metros cuadrados ubicado en Ushuaia, cuya disposición y enajenación fue autorizada mediante el Decreto 764/2026. Propato reclama conocer los fundamentos de esa decisión y si el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina fueron consultados antes de avanzar.
La pregunta de fondo resulta incómoda: ¿qué ocurre cuando un Estado decide desprenderse de infraestructura militar ubicada en puntos considerados estratégicos?
Mar del Plata y Punta Indio, bajo la lupa
El proyecto también pone el foco sobre la Base Naval de Mar del Plata. Propato pidió conocer si está previsto desafectar el predio donde funciona actualmente y si existe un proyecto para trasladar la base o algunas de las áreas que allí desarrollan sus actividades.
Entre ellas menciona al Comando de la Fuerza de Submarinos, la Escuela de Submarinos, el Área Naval Atlántica, la División de Patrullado Marítimo y la Agrupación de Buzos Tácticos.
La diputada también reclama precisiones sobre el destino del dinero obtenido por la eventual venta de inmuebles y pregunta si esas operaciones se encuentran contempladas dentro del denominado “Plan ARMA”.
El tercer punto de preocupación es Punta Indio, donde funcionó la Base Aeronaval de la Armada Argentina. El proyecto pregunta específicamente si está prevista la disposición y enajenación del predio con fines inmobiliarios.
“Se está rematando un patrimonio nacional”
En su declaración, Propato fue categórica al cuestionar lo que considera una política de desarticulación del sistema de Defensa Nacional.
“Están desarticulando y vendiendo deliberadamente tres inmuebles del Sistema de Defensa Nacional que poseen un alto valor estratégico”, sostuvo la diputada, quien ubicó en el mismo escenario a Ushuaia, Mar del Plata y Punta Indio.
Para Propato, se trata de una “despatrimonialización del Sistema de Defensa Nacional” y de un patrimonio histórico que considera “insustituible y manifiestamente estratégico”.
La crítica apunta directamente al criterio utilizado para desprenderse de estos bienes. En lugar de analizar los inmuebles solamente como activos susceptibles de convertirse en recursos fiscales, la diputada plantea que deben ser evaluados por su función territorial, militar y estratégica.
La soberanía frente al ajuste fiscal
Propato vincula la discusión con el escenario del Atlántico Sur, las vías navegables, las infraestructuras críticas, el paso bioceánico y la proyección antártica. También menciona la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Desde esa perspectiva, sostiene que renunciar a bases militares ubicadas en Ushuaia, Punta Indio y Mar del Plata constituye una decisión contraria al interés nacional y puede afectar el control geopolítico y el despliegue de derechos soberanos.
El planteo también alcanza a la Constitución Nacional. Según Propato, el debilitamiento de la infraestructura militar y territorial en puntos cercanos al Atlántico Sur compromete el cumplimiento efectivo de la Cláusula Transitoria Primera, vinculada al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios correspondientes.
Un proyecto que exige respuestas al Gobierno
El proyecto de resolución no se limita a cuestionar la eventual venta. También exige conocer si existen estudios oficiales sobre la conveniencia de enajenar los predios, si fueron consultadas las autoridades militares y si se evaluó la importancia estratégica de las instalaciones.
En particular, Propato reclama documentación oficial sobre la posibilidad o conveniencia de vender los predios correspondientes a la Base Naval de Mar del Plata y a la Base Aeronaval de Punta Indio.
La discusión expone así una tensión central de la política del Gobierno de Javier Milei: si la necesidad de obtener recursos y reducir el patrimonio estatal puede justificar el desprendimiento de instalaciones que, por su ubicación, tienen una función estratégica que excede ampliamente su valor inmobiliario.
“La soberanía nacional no puede ser una variable de ajuste para sostener el equilibrio fiscal”, afirmó Propato. Y advirtió que garantizar las capacidades operativas y el resguardo territorial constituye una responsabilidad que, a su entender, el Estado Nacional no puede delegar ni subordinar exclusivamente a criterios fiscales.
