El intendente de Morón, Lucas Ghi, resolvió por decreto lo que no consiguió por acuerdo político. A través del decreto 1519/2026 creó el «Programa Integral de Prevención, Proximidad, Protección Comunitaria y Convivencia Ciudadana», el eufemismo administrativo con el que el municipio bautizó a su propia fuerza de seguridad, después de que el proyecto no reuniera los apoyos necesarios en el Concejo Deliberante.
La vía elegida no es un detalle menor. La creación de un cuerpo armado o uniformado con despliegue territorial es exactamente el tipo de decisión que un gobierno local debería tramitar por ordenanza, con debate público y control del cuerpo legislativo. Morón lo resolvió con una firma.
Un anuncio que se anuncia hace seis meses
El propio municipio informó a comienzos de marzo la apertura de la convocatoria para incorporarse a la Policía Municipal, celebró días después la respuesta de los aspirantes y volvió a comunicar en abril que la creación de la fuerza estaba «en marcha». Cinco meses de anuncios sin instrumento legal.
Ahora el decreto llegó, pero el despliegue efectivo se corre a diciembre. Es decir: entre el primer comunicado oficial y el primer patrullaje real habrá pasado casi un año completo, en un distrito donde la inseguridad encabeza los reclamos vecinales.
Una fuerza con las manos atadas
El punto más débil está en las atribuciones. Los 200 agentes previstos no podrán investigar delitos, no podrán realizar allanamientos y no podrán trasladar detenidos. En los hechos, lo que se creó se parece mucho más a una guardia urbana ampliada que a una policía en sentido estricto, aunque se la haya presentado con ese nombre durante meses.
La pregunta que queda abierta es qué problema concreto resuelve un cuerpo sin capacidad de investigación en un distrito donde el delito que más preocupa —arrebatos, robos de motos, entraderas— exige justamente trabajo investigativo y coordinación con la Justicia. La respuesta oficial es la «presencia preventiva» y el auxilio a las fuerzas provinciales. Traducido: más uniformes visibles, sin nuevas herramientas legales.
El calendario dice más que el decreto
El cronograma es difícil de leer por fuera de la política. Los agentes se forman en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en la sede del Parque Industrial DECA de Haedo, y salen a la calle en diciembre de 2026. Es decir, arrancan a mostrarse en el territorio justo cuando se abre el año electoral que define la sucesión en Morón, con Martín Sabbatella ya posicionado para disputar la intendencia en 2027.
Una fuerza uniformada, con identidad municipal, desplegada en las calles y estrenada en la antesala de la campaña es una herramienta de comunicación política antes que un cambio en el esquema de seguridad. Y el hecho de que haya nacido esquivando al Concejo refuerza esa lectura: si el objetivo hubiera sido construir una política de Estado en seguridad, el camino natural era el debate y no el atajo.
El municipio, en conflicto puertas adentro
El anuncio además llega en el peor momento interno. Alrededor de 300 trabajadores municipales fueron jubilados de forma anticipada y unos 170 ya recibieron la notificación formal. El sindicato FeSiMuBo, encabezado por Hernán Doval, anunció un plan de lucha y prepara un amparo colectivo.
La postal es incómoda: el mismo municipio que expulsa empleados de planta anuncia la incorporación de 200 agentes nuevos. Desde el gremio remarcan que la prioridad presupuestaria quedó a la vista.
Morón suma así la fuerza local al paquete de medidas de seguridad que viene difundiendo, entre ellas los centros barriales de monitoreo. Queda por verse si en diciembre habrá 200 agentes efectivamente en la calle o si, como ocurrió con los anuncios de marzo, el operativo vuelve a estirarse.
