La Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria y ordenó retrotraer 1.200 desvinculaciones.
En paralelo, la empresa evalúa presentarse en convocatoria de acreedores
La crisis de Granja Tres Arroyos alcanzó una nueva dimensión después de que el Ministerio de Trabajo bonaerense dictara la conciliación obligatoria por los despidos de 1.200 trabajadores en las plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.
La medida obliga a retrotraer las desvinculaciones y abre una instancia de negociación entre la compañía, Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA). La conciliación tendrá una duración de 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse otros cinco.
La decisión del gobierno de Axel Kicillof expone una situación que ya excede largamente una disputa laboral puntual. El grupo acumula despidos, plantas paralizadas, atrasos salariales, venta de activos y una deuda que, según las fuentes relevadas, alcanza los US$350,9 millones.
1.200 despidos que la Provincia ordenó retrotraer
Los despidos alcanzaron a unos 700 trabajadores de Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y 450 de Esteban Echeverría. A estos se suman alrededor de 480 trabajadores desvinculados de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
En total, las fuentes ubican en aproximadamente 1.730 los despidos realizados por el grupo entre Buenos Aires y Entre Ríos, aunque el sindicato reclama que la empresa entregue la nómina completa de trabajadores desvinculados.
Durante la audiencia también se acordó la entrega de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta que debía efectivizarse durante la semana siguiente.
La intervención provincial aparece así como un freno, al menos temporal, a una política empresarial que ya había provocado un fuerte impacto sobre el empleo.
Capitán Sarmiento: una planta cerrada y señales que encendieron las alarmas
Uno de los episodios que más preocupación generó ocurrió en la planta de Capitán Sarmiento, donde la compañía comunicó el cierre de las operaciones “hasta nuevo aviso”.
La empresa argumentó problemas vinculados con el suministro eléctrico y otras circunstancias operativas y productivas. Sin embargo, trabajadores y fuentes periodísticas denunciaron que durante el cierre se retiraron máquinas y equipos y que las oficinas de los directivos fueron vaciadas.
El episodio profundizó las dudas sobre el futuro de una planta que forma parte de una compañía que emplea a unas 6.500 personas en relación de dependencia en tres provincias.
Una deuda de US$350,9 millones y la posibilidad de una convocatoria
El conflicto laboral se desarrolla mientras la situación financiera de Granja Tres Arroyos también se deteriora.
Las fuentes relevadas señalan que el grupo se encuentra negociando una reestructuración de deuda por US$350,9 millones. El esquema mencionado contempla quitas sobre el capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de activos considerados no estratégicos.
A esto se suma una novedad que puede modificar el escenario: Granja Tres Arroyos y Wade podrían presentarse en convocatoria de acreedores.
De confirmarse, el conflicto dejaría de ser solamente una disputa por indemnizaciones y puestos de trabajo. Pasaría a involucrar directamente el futuro financiero de una de las principales compañías del sector avícola y el destino de miles de trabajadores.
Venta de activos y una empresa que busca liquidez
La crisis también derivó en movimientos sobre los activos del grupo.
Durante 2026, la compañía vendió la planta de Avex, en Río Cuarto, a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), bajo un esquema que contempla el alquiler posterior y una opción de recompra dentro de cuatro años.
La operación permitió obtener liquidez mientras la empresa enfrenta sus compromisos financieros. En paralelo, las fuentes mencionan un proceso de reducción de estructura que incluye cierres, suspensiones y disminución de personal.
La explicación empresarial y el cuestionamiento del sindicato
Granja Tres Arroyos atribuye los despidos a la disminución de las exportaciones, las consecuencias de la gripe aviar y una supuesta sobreoferta de pollo en el mercado interno.
El secretario general del STIA, Julio Chamorro, rechazó esos argumentos. Según sostuvo, la caída de las exportaciones forma parte del riesgo empresarial y cuestionó que exista una sobreoferta de pollo en el mercado interno.
El dirigente sindical también afirmó que el consumo de pollo continúa creciendo y vinculó ese comportamiento con la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo de carne vacuna.
Chamorro cuestionó, además, la intención empresarial de recurrir al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, al sostener que la reducción de las indemnizaciones sería uno de los objetivos detrás de la estrategia adoptada por la compañía.
Una crisis que pone al trabajo en el centro del conflicto
La situación de Granja Tres Arroyos muestra hasta qué punto una crisis empresaria puede trasladar sus costos hacia los trabajadores.
Mientras la compañía argumenta dificultades productivas, comerciales y sanitarias, el conflicto ya dejó miles de puestos de trabajo afectados y obligó al Estado bonaerense a intervenir para intentar preservar el empleo.
La conciliación obligatoria abre ahora un período de negociación. Pero el problema excede esos 15 días hábiles: con una deuda millonaria, plantas paralizadas, activos vendidos y la posibilidad de una convocatoria de acreedores, el interrogante central es qué ocurrirá con los trabajadores cuando termine la tregua.
Porque detrás de los balances, las deudas y las decisiones empresariales hay miles de familias cuyo ingreso depende de esos puestos de trabajo. Y la discusión que queda planteada es incómoda pero inevitable: ¿quién termina pagando el costo de una crisis empresaria cuando la respuesta vuelve a recaer sobre el empleo?
